Tucumán parece mundo al revés. En 2020, cuando, por efecto de la pandemia, en todo el país se había reducido el índice de homicidios, nuestra provincia alcanzaba una cifra récord de 152 asesinatos; este año, con la “nueva normalidad” y el aumento dramático de crímenes en lugares como Rosario de Santa Fe (223 hasta la semana pasada), en nuestro medio se consolida la tendencia que se vio a partir de julio: se registra un 30% menos de homicidios, en comparación con el año pasado: 102 según los datos de LA GACETA.

Faltan 20 días para que termine el año. Se aprecia una disminución. ¿Significa que hay más seguridad? Ahí tallan las impresiones subjetivas, porque las cifras de otros delitos no brindan claridad. Hace dos meses, cuando se mencionó desde esta columna que había una tendencia a la baja en homicidios, un lector comentó que era mentira y que se trataba de cifras manipuladas. Es que la percepción se sustenta en elementos emocionales, que muy a menudo encuentran asidero en hechos concretos. Hace pocos días, cuando se condenó a los acusados por el homicidio de Ana Dominé, uno de los jueces, Dante Ibáñez, dijo que “entre todos tenemos que cambiar el extremado nivel de violencia que estamos viviendo”. El hermano de la víctima, Daniel Dominé, dijo: “espero que el mensaje también llegue a todos los que deben brindarnos seguridad. La jueza destacó que todas las cámaras que registraron las imágenes fueron de particulares. No había ninguna del Estado”. “Pero la realidad indica que se tiene que mejorar la prevención del delito. Que no haya más casos como este en la provincia y en el país”.

Concentración de recursos

El subsecretario de Seguridad, José Ardiles -quien dice contabilizar 96 homicidios en lo que va del año- es cauto pero concreto en su apreciación: dice que el programa Cuadrantes de Patrulla -que lleva un año desde que se puso en marcha- ha tenido incidencia con los recorridos de los agentes por varios barrios conflictivos, además de “la articulación con la Justicia y las condenas”. El experto Federico Pelli menciona también esos dos temas: el cambio en el Código Procesal Penal, que ha generado una impronta de resolución rápida de conflictos, y la presencia policial en los barrios. “Una política de concentración de recursos policiales en determinados territorios que concentran desproporcionadamente violencia”; por un lado, y “el nuevo Código Procesal, que hace una seguridad primaria preventiva bastante eficaz y está sacando del circuito a mucha gente que podía escalar el conflicto hasta llegar a la muerte”. Pelli, no obstante, es cauto: advierte que “estamos comparando con el peor año, 2020, y no es parámetro para medir. Si se llega a unos 110 homicidios igual será una cifra muy alta. Estábamos muy mal”.

El programa Cuadrantes ya tiene 1.200 hombres y ha dado resultados en barrios complejos de la zona noroeste de la capital -desde el Juan XXIII hasta el Echeverría-, pero no así en la zona sureste -San Cayetano y Almafuerte-. Ardiles dice que se van a reunir con los vecinos esta semana para analizar lo que sucede; destaca que hay calma en Villa 9 de Julio, zona tradicional de conflictos donde se ha instalado la sede del programa Cuadrantes. ¿Evolucionará este plan? Le falta autonomía administrativa, criminológica y ejecutiva, y acaso complementación con programas sociales y deportivos de otras áreas, como ha sido el programa “Barrios Seguros” que se implementó en la Capital Federal en los últimos años. Pero no se puede negar que la presencia policial en los vecindarios está cambiando las cosas. Ardiles dice que, para llevarlo al interior -donde ha aumentado la conflictividad- haría falta, por lo menos, elevar a 2.500 los agentes de patrulla.

Mientras tanto, el área de seguridad del Estado atraviesa una calma chicha que le permite hacer anuncios: amplían el programa de alarmas “Alerta Tucumán”; anuncian que pondrán cámaras en las comunas y que llevarán más vehículos. El gobernador interino, Osvaldo Jaldo, ha puesto énfasis en la lucha contra el narcotráfico -hasta ahora es una de las deudas de la administración porque el narcomenudeo arrecia en la periferia capitalina- y empuja el movimiento de sus policías para mostrar acciones: incluso el otro día se anunció como un fuerte logro el secuestro de 1.000 kilos de hojas de coca, lo cual ha sido una notoria exageración. La hoja de coca no es asunto de narcotráfico y hasta en el seno del Gobierno hay quienes la mastican como golosina. Precisamente esa intención de movimiento se ha visto en la celebración de los 200 años de la Policía, donde hasta condecoraron a la perra Wanda y mostraron agentes camuflados y pintados de verde como si se tratara de una élite militarizada que combate narcotraficantes y grupos parapoliciales en las selvas. Una imagen distante de la policía como cuerpo civil encargado de tareas especiales para resolver conflictos en una sociedad sacudida por la violencia.

La calma chicha y la disminución de las cifras de homicidios no debería hacer perder de vista que hay elementos que advierten de problemas que no tienen explicación. Al día siguiente de la celebración de la Policía ocurrió el crimen de un hombre ajusticiado por un agente que creyó que había abusado de su hija; en esos días sucedió la tragedia del cantante de hip hop, por cuya muerte está detenido un enfermero que dijo que pensó que era un asaltante; y en estos momentos Villa La Trinidad está atravesada por la tragedia de una joven motociclista accidentada cuando supuestamente escapaba de motochorros. Cuando se tenga certezas sobre lo que hay en las cámaras de vigilancia se podrá hablar con claridad lo ocurrido. Por ahora el temor de la gente es que se confirma la sensación dei inseguridad en esa población cercana a Concepción.

“El dolor no se fue”

No basta la reducción de la cifra de homicidios para poder afirmar que estamos más seguros. No hay estudios que expliquen las razones de esta reducción. Apenas hay teorías a partir de que hay menos homicidios en ocasión de robo y más vinculados con violencia intravecinal o intrafamiliar (entre los que se contabilizan los femicidios). Por otra parte, ¿qué pasa con el arrebato callejero? ¿Cómo se puede saber los niveles de las cifras negras, es decir los delitos que no se denuncian? El anunciado grupo de estudio de la violencia -creado a instancias del Ministerio de Seguridad de la Nación, con apoyo del BID, en tiempos de la ex ministra Sabina Frederic- parece haberse quedado en la etapa de formación y nada se sabe de que vaya a continuar. Tampoco se sabe que se vayan a hacer encuestas de victimización, que pueden dar idea de lo que sucede. Por ahora seguimos con la percepción, que no cambia a pesar de las cifras. En casos puntuales, esos datos no parecen servir. En el final del juicio por la muerte de Ana Dominé, su hijo, Nicolás Quesada, dijo: “hay que cambiar las cosas. Debe haber más seguridad. Obtuvimos justicia, pero el dolor no se fue”.